La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha

El pasado día 18 aprobábamos en las Cortes la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-la Mancha y este hecho no debería pasar desapercibido, porque no todos los días aprobamos leyes ni todos los días de tanta importancia.

Probablemente el cambio social más importante producido en la sociedad es la ruptura de una tradición milenaria que relegaba a las mujeres, la mitad de la población mundial, a una posición de sumisión al varón y al desempeño de unos roles o papeles sociales al margen de la vida, social, económica, política y cultural. Hoy esta situación sería sencillamente la de privación de derechos fundamentales, aunque no queda tan lejos la lucha de las mujeres por conseguir el derecho de sufragio en las elecciones políticas allí donde se iban configurando estados democráticos. Finlandia lo consigue en 1906, Noruega en 1912, Reino Unido en 1928, España en 1931, Francia en 1945.

En la segunda mitad del siglo pasado, el XX y el decenio que llevamos del XXI, han sido muchos los avances y las iniciativas mundiales para erradicar definitivamente la discriminación hacia las mujeres. En nuestro país podemos afirmar que hemos alcanzado la igualdad y no discriminación legal, que no la real todavía.  Alguien podría cuestionar en consecuencia la necesidad de nuevas leyes de igualdad. Así pensaba sin duda el Partido Popular, muy conservador, cuando recurrió al Tribunal Constitucional la Ley Orgánica de 22 de marzo de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El Tribunal Constitucional desestimó, naturalmente, el recurso.

Esta Ley estatal es legislación básica, que regula los mínimos que han de ser garantizados para todas las personas, que no impide el desarrollo de leyes autonómicas que amplíen esos derechos básicos. Esto es lo que hemos hecho en Castilla-La Mancha, en donde existen numerosas políticas antidiscriminatorias, tales como la Ley de Prevención de malos tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas, que fue la primera en España de medidas integrales; la modificación de la Ley Electoral, que incorporó la paridad en las listas electorales y que el Partido Popular no votó y recurrió, la de Creación del Instituto de la Mujer, etc.

Esta Ley ahora aprobada recoge lo que ya se viene haciendo, lo sanciona con su autoridad de ley, lo aumenta y lo completa, resultando un útil instrumento para la acción transversal que ha de recorrer toda la vida social y política castellanomanchega.

Con frecuencia las leyes van a remolque de la realidad social, pero en materia de igualdad es necesario que las leyes ayuden a vencer la resistencia a la modificación y  señalen la senda por la que han de caminar las políticas de igualdad real y esto es lo que hemos pretendido en Castilla-La Mancha.